Chile asistió a la cumbre de energía en Venezuela en busca de resultados concretos para enfrentar la crisis por la que atravesamos. Pero la verdad es que tenemos bastante más energía de la que estamos aprovechando.

En el último tiempo ha habido una explosión de proyectos pequeños y medianos de generación hidroeléctrica, que si bien no van a resolver el problema, sí ayudan a enfrentar la actual estrechez. Pero deben superar la barrera más difícil: la constitución de los derechos de aguas. Esto porque, pese a los esfuerzos de la Dirección General de Aguas, existe un cuello de botella que entrampa las solicitudes de derechos, que a veces tardan años en constituirse.

Debido a la crisis se designan mecanismos de fast track necesarios y convenientes, pero insuficientes. No es un problema de mala voluntad de la DGA ni de escasez de recursos únicamente: estamos hablando de constitución de derechos de aprovechamiento, protegidos constitucionalmente como derechos de propiedad, sobre los cuales existen complejos expedientes de solicitudes, oposiciones y recursos que deben resolverse antes de tener claridad sobre si procede el derecho que se solicita. Sobre cada cauce con aptitud de generación existe un entramado de solicitudes que se superponen en ciertas zonas, lo que gatilla una inflación de recursos administrativos y judiciales que se transforman en un juego de suma cero: ningún solicitante obtiene las aguas necesarias para su proyecto.

El código es claro en disponer que si existen aguas para todos, ellas deben ser constituidas sin mayor problema. Si las aguas no son suficientes y las solicitudes fueron interpuestas en una ventana de seis meses, se debe proceder a remate. En caso contrario, corresponde constituir los derechos según orden de prelación.

La lógica indica que, una vez constituidos los derechos, el resultado va a ser eficiente, pues va a operar el teorema de Coase: existiendo derechos de propiedad definidos y bajos costos de negociación, los proyectos se van a realizar de la manera más óptima para las necesidades del país. En efecto, las partes se pondrán de acuerdo para cambiar los puntos de captación y restitución hasta sacar el mejor provecho del potencial energético del cauce. Y si el entrampamiento se complejiza demasiado, la DGA cuenta con herramientas para ofrecer cantidades distintas de las solicitadas o, incluso, denegar parcialmente solicitudes, a fin de lograr una asignación más completa de los derechos disponibles.

El punto es promover un aprovechamiento integral de los cauces. Eso pasa por constituir de una vez los derechos solicitados, y dejar que el mercado actúe. Para ello, la DGA debe convocar a los solicitantes y ofrecer fórmulas de adjudicación que sean aceptadas de común acuerdo. En caso de que no sean capaces de conciliar, proceder a la denegación parcial de determinadas solicitudes, a fin de poder otorgar el mayor potencial de la manera más objetiva y transparente.

Esto requiere una actitud proactiva de la DGA que va más allá de apurar el tranco en el proceso de constitución de nuevos derechos y lograr, de este modo, promover de golpe el desarrollo de energías renovables.

Por Clemente Perez