Desde esta perspectiva es, en mi modesta opinión, un deber del poder judicial el intervenir en los debates de políticas públicas cuando éste se distorsiona.¡ Pero si se ha puesto en duda hasta la presunción de inocencia! Y esto ha ocurrido sin que nadie se escandalice ni se ruborice. El debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de proporcionalidad, y el mismo estado de derecho democrático, tienen que ser defendidos por quienes justamente cumplen la función de proteger las instituciones constitucionales democráticas, explicándolas en lenguaje sencillo a todos los ciudadanos, y por sobretodo, advirtiendo de los costos para todos en caso de un deterioro de un sistema racional y democrático de justicia. No es tan difícil, por ejemplo, un juez podrá indicar que la presunción de inocencia en materia penal es lo que impide que se condene a personas por simples sospechas, lo que aumenta el riesgo de errores del sistema, puesto que se exige menos acuciosidad a los órganos persecutorios. Es decir, si destruimos la presunción de inocencia, todos perdemos, todos estamos en riesgo, y el sistema se va a hacer menos eficientes: más inocentes serán condenados y más culpables quedarán en libertad e impunes.

Como diría el olvidado Sebastián Soler, tenemos que ser capaces de comunicar nuestra fe en el Derecho, de lo contrario, este desaparecerá.